Según el estudio de la Comisión Europea «SHE figures», tanto España como Bélgica presentaron un bajo porcentaje de mujeres en las posiciones más altas de la jerarquía académica (grado A, profesor titular) y ambos porcentajes se encontraban por debajo de la media europea, mientras que Rumanía, Bosnia Herzegovina y Letonia eran de los países con el porcentaje más alto de igualdad de género (entre 40-50 %) en el mismo tipo de posiciones académicas (grado A). ¿De dónde sale esta diferencia?

Estos tres países fueron o pertenecieron a repúblicas socialistas desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 90, periodo en el que la era comunista acabó y estos países comenzaron su transición hacia la democracia y la economía de mercado. ¿Podría entonces su origen socialista haber contribuido a la promoción de la mujer en las carreras STEM, como sugiere el artículo del Financial Times?

Un ensayo de las historiadoras de Harvard Kristen Ghodsee y Julia Mead explora esta posibilidad: aunque el socialismo promueve la igualdad del hombre y la mujer, así como la emancipación de la mujer, es posible que estos países (como consecuencia de las pérdidas masivas de población derivadas de la Segunda Guerra Mundial) no se pudieran permitir la pérdida de capacidad laboral en favor del hogar. Sin embargo, las autoras también comentan que, con la incorporación de estos países a la economía de mercado, muchas de las estructuras mantenidas a nivel gubernamental (guarderías públicas, bajas por maternidad pagadas…) se redujeron o incluso desaparecieron, forzando el retorno de la mujer a las tareas domésticas y familiares.

Mientras que este aspecto debería ser investigado con más profundidad y detalle, esta premisa plantea preguntas muy interesantes: ¿qué podemos aprender de estas estructuras socialistas? ¿Deberían los Gobiernos desarrollar un papel más importante en la promoción de la igualdad de género que no esté solo limitado a la elaboración de políticas? ¿Deberían invertir (más) en estructuras sociales? ¿Es posible y económicamente viable? ¿Debería proporcionar la Unión Europea un marco legislativo para ello?